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La influencia de la vida militar desde 1720 en la Villa de la Real Isla de León hasta finalizar el Siglo XX en la actual San Fernando. Los destinos y cuarteles. Desde los pelones hasta el Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho.


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de la junta central suprema a la regencia


La Junta Central Suprema fue instituida para corregir el caos gubernativo de las Juntas Provinciales, que hasta este momento funcionaban de una manera independiente, cada una a su aire. Fue fundada con la debida pompa y boato en el palacio de Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, poco más de tres meses después de que surgiera la idea original. Tras una misa solemne en la capilla real, los diputados prestaron juramento. Las Juntas provinciales habían llegado previamente al acuerdo de que cada una enviaría a dos representantes a la reunión fundacional.


Esta Junta sería el gobierno Central Supremo de la nación, de modo que los diputados reunidos ya no representarían a sus provincias o regiones individuales, sino a la «Nación entera». Para «darse el lustre debido a sus funciones» la Central asumió colectivamente el título de «Su Majestad»; afirmaba que había sido investida de «autoridad soberana» hasta el regreso de Fernando al trono. Argumentando también, que el hecho de asumir la Majestad era común a todas las juntas, incluso las más insignificantes.

Numéricamente, más de la mitad de sus componentes eran nobles, todos menos un puñado tenían título y cinco eran Grandes. La representación eclesiástica fue la segunda más numerosa, e incluía a dos arzobispos (uno de ellos murió antes de la fundación de la Junta) y varios canónigos. Tan sólo había uno de la clase media alta conocido: Calbo de Rozas, un comerciante de Madrid, que había desempeñado un destacado papel en la defensa de Zaragoza y era uno de los dos diputados aragoneses, siendo, además, el único pechero de la Junta (Pechero es el que paga impuestos por su condición de plebeyo, es decir, que no pertenece a la nobleza que estaba exenta de pagar tributo, por eso en España todo el mundo soñaba con ser noble. Por cierto, que esta injusticia contributiva fue derogada por la Constitución de Cádiz, que en su artículo octavo eliminaba toda inmunidad fiscal).

Los componentes de la Central a nivel profesional cubrían un abanico más amplio; había tres ministros del antiguo gobierno; siete oficiales militares; un número idéntico de juristas; y cuatro que habían ocupado importantes cargos económicos y financieros, como intendentes, tesoreros del ejército y contador. A pesar de que muchos de los diputados poseían una buena formación profesional, constituían sin embargo un cuerpo demasiado amplio y, por tanto, poco efectivo, de ilustres desconocidos.

La Junta Central Suprema recibió rápidamente el reconocimiento de las instituciones oficiales del estado, entre ellas el Consejo de Castilla, y de las juntas locales y provinciales, (tras algunas objeciones) que pasaron de titularse Supremas a «Juntas Superiores Provinciales de Observación y Defensa».

A comienzos del año 1809, debido al cariz que tomaban los acontecimientos bélicos, la Junta Central se trasladó de Aranjuez a Sevilla.

En todas las vastas posesiones españolas de allende los mares, el grito de indignación lanzado por España con motivo de la inicua invasión francesa y los sucesos de Bayona, fue secundado con unanimidad, pronunciándose con la misma decisión y entusiasmo contra la invasión extranjera en España nuestros hermanos de ambas Américas, extendiéndose hasta las remotas islas Filipinas y Marianas; comprometiéndose a ayudar con todo esfuerzo nuestra causa, y no reconocer otro soberano que a Fernando VII y sus legítimos descendientes, llegando el fervor suscitado en las Antillas, al extremo de recuperar para España la parte de la isla de Santo Domingo cedida a Francia por tratados anteriores.

Este sentimiento de adhesión a la causa de la metrópoli no fue simplemente de palabra, sino que se materializó en hechos constatados, apresurándose a socorrerla con cuantiosos donativos, no sólo los españoles allí residentes, sino los oriundos de éstos nacidos en América.

La Junta Central correspondió a estas demostraciones con el memorable decreto de 22 de enero de 1809 expedido en el palacio real del Alcázar de Sevilla, en que hacía la siguiente declaración: «Considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias ó factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial ó integrante de la monarquía española; y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen á unos y otros dominios, como asimismo corresponder á la heroica lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan decidida prueba á España... se ha servido S. M. declarar, que los reinos, provincias é islas que forman los referidos dominios, deben tener representación nacional é inmediata á su real persona, y constituir parte de la Junta Central gubernativa, del reino por medio de sus correspondientes diputados.» En cuya virtud ordenaba a los virreinatos y capitanías generales de Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos-Aires, Cuba, Puerto-Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas, procediesen al nombramiento de sus respectivos representantes cerca de la Junta.

En cuanto a Inglaterra, si bien había mostrado abiertas simpatías por nuestra causa, ayudándola, con ejércitos y con subsidios; pacto formal de alianza entre ambas naciones no se había hecho todavía. Se realizó este el 9 de enero (1809), concluyéndose en Londres un tratado por el que la Gran Bretaña se comprometía auxiliar á los españoles con todo su poder, y á no reconocer otro rey de España e Indias que Fernando VII y sus legítimos herederos, ó al sucesor que la nación española reconociese; obligándose la Junta Central á no ceder á Francia porción alguna de su territorio en Europa ni en región alguna del mundo, y no pudiendo ambas partes contratantes hacer paz con aquella nación sino de común acuerdo.


 

Palacio de Aranjuez Aportado por AS DE GUA.



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Se acordó por un artículo adicional dar mutuas franquicias al comercio de ambos Estados, hasta que las circunstancias permitiesen arreglar un tratado definitivo sobre la materia.
En peligro estuvo de romperse al poco tiempo esta buena relación entre las dos naciones, por la manera poco discreta con que el inglés sir Jorge Smith, quiso llevar a cabo el propósito de su gobierno de guarnecer Cádiz con tropas inglesas, a fin, según éste decía, de poner aquella plaza a cubierto de una invasión francesa. Si Smith obró o no de conformidad con las instrucciones del gobierno británico, pidiendo y haciendo venir de Lisboa tropas de su nación para ocupar Cádiz, sin conocimiento de la Junta Central española, fue asunto que anduvo entonces envuelto en cierta oscuridad. A las reclamaciones y quejas de la Junta dio respuestas más satisfactorias el ministro inglés Mr. Frere en nombre de su gobierno; mediaron no obstante largas controversias, hasta que a consecuencia de una nota llena de juiciosas reflexiones, y tan cortés como íntegra y digna, que la Junta pasó (1 de marzo), se mandó retroceder las tropas inglesas dándoles otro destino y terminando así un incidente que conducido con menos sutileza, hubiera podido quebrar la reciente amistad de los dos pueblos.

El 15 de Enero de 1810 llegó el rey José con su Estado Mayor a las estribaciones de Sierra Morena y ese mismo día se replegaba ante el Mariscal Víctor la división española de Zerain en el camino de Almadén; división que sólo constaba 1.500 hombres. Desbordado el flanco izquierdo de nuestra línea, el 20 atacaron los imperiales las posiciones de la sierra comenzando el quinto cuerpo enemigo y la reserva por los puertos del Rey y Despeñaperros.

Una brigada francesa logró situarse a espaldas de las defensas españolas, por entre Muradiel y el último de aquellos puntos, y entonces Mortier (quinto cuerpo) emprendió el ataque a la calzada. Cedieron poco a poco, presentando más o menos resistencia, nuestras poco nutridas divisiones y allí sufrieron, como era de suponer, otra vez las amarguras de la derrota: Girón, con el batallón de Guardias Españolas, único que le quedaba organizado, emprendió la retirada siempre haciendo frente al enemigo; el general en jefe Areizaga, con algunos oficiales y grupos de soldados, no paró en su fuga hasta vadear el Guadalquivir. Las divisiones de Zeraín y de Copóns huyeron también; las de Vigodet, que durante algunas horas habían resistido valerosamente en Venta Nueva y Venta Quemada, se desorganizaron y se desbandaron de tal manera que viéndose Vigodet prácticamente solo, se encaminó a Jaén donde encontró a Girón, Lacy y al mismo Areizaga, todos en situación tan apurada como la suya. González Castejón había caído prisionero de Sebastiani, con bastantes soldados y oficiales. Los que se salvaron se dirigieron a Córdoba, y no encontrándose seguros ni allí ni aun en Sevilla, decidieron refugiarse en Cádiz.



El mismo 20 por la tarde el ejército francés había rebasado Despeñaperros, apoderándose de 15 cañones y numerosos prisioneros, sin que ni lo escabroso del terreno, ni las escasas e improvisadas defensas, ni las minas que al explotar causaron muy pocos destrozos, fueran suficientes para detenerles algún tiempo en su triunfante marcha.





Mientras tanto, Alburquerque con su pequeña división compuesta de 8.000 infantes y 600 caballos, se trasladó por orden de la Junta de las orillas del Guadiana a las del Guadalquivir, cuyo río cruzó por las barcas de Cantillana, al creer que el puente de Triana no aguantaría el peso de la artillería. Enterado del avance del enemigo situó sus fuerzas en observación sobre Carmona.



Siguió el rey José con sus tropas atravesando los, para las armas españolas, gloriosos campos de Bailen sin parar hasta Córdoba, ciudad en la cual, sin razón que lo justifique, pudo saborear las delicias del triunfo siendo aclamado y agasajado con fiestas públicas; siendo llevado en procesión hasta la mezquita entre los vivas del pueblo. No ha de sorprender por consecuencia, que el Intruso creyera llegar hasta la punta meridional de España en su carrera triunfante, y más si se tiene en cuenta que ya recibía noticias de la rendición inmediata de Sevilla.



Después de varios días de estancia en la ciudad árabe emprendió el ejército francés la marcha nuevamente, y decidido José a no tomar por las armas lo que pudiendo conseguir pacíficamente realzaría su popularidad, se detuvo en Carmona en espera de las negociaciones que para la entrega de Sevilla tenían entabladas sus ministros O'Farril y Urquijo.



Que cuando se hizo público el avance del ejército francés en dirección a Andalucía, pensaban los regidores de la capital andaluza el peligro que para ésta podría traer el avance de los franceses, no hay que dudarlo; lo prueba el decreto de la Junta Central del 13 de Enero de 1810 al anunciar: que el primero de Febrero se reunirían en la Isla de León con objeto de organizar la apertura de las Cortes acordada para el mes de marzo; cuando el de 18 de Abril del año anterior manifestaba que: «la Junta nunca mudaría de residencia, sino cuando el lugar de ella estuviese en peligro o alguna razón de pública utilidad lo exigiese, que entonces lo anunciaría anticipadamente al público, señalando el lugar de su traslación; que este lugar sería elegido siempre por la mayor proporción que ofreciese para atender a la defensa de la patria; y en fin que jamás abandonaría el continente de España, mientras hubiese en él un punto en que pudiera situarse para defenderla contra sus invasores;» lo prueba también que el mismo día 13 remitía el Consejero de Estado D. Francisco de Saavedra a D. Antonio Escaño, General de Marina, unas observaciones sobre la defensa de Cádiz sumamente detalladas que revelan, unidas al anuncio por parte de la Junta Central de abandonar Sevilla, que no había voluntad de resistir siquiera el primer empuje del enemigo dentro de los muros sevillanos.


 

José Bonaparte. Aportado por As de Guía.



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Si este era el propósito de la Junta Central que por su misión debía levantar los ánimos para la resistencia, no hay que decir cual fue el estado anímico del pueblo al divulgarse la noticia de la próxima ausencia del Gobierno.

En Sevilla, se habían llevado a cabo unos preparativos para la defensa de la ciudad que, al acercarse el rey José con sus tropas, estaba circunvalada por tres líneas de fortificaciones de poca envergadura, en relación con los medios disponibles y las sumas invertidas en su construcción. Contaba con artillería de sobra, municiones en abundancia y una espléndida fábrica para abastecer a cuanto faltase, pero escaseaba la guarnición por las constantes necesidades de los ejércitos en campaña.

No estaba en esta carencia lo más grave, ya que otros pueblos con menos recursos y en peores circunstancias se han defendido heroicamente; el mal consistía en que la agitación enardecía los ánimos y todo era confusión y desorden. El Consejo de España e Indias, rival de la Central, dificultando las decisiones de ésta, resolvió acompañarla en su retirada, por lo que hubo polémica acalorada entre ambas corporaciones; y el pueblo, que achacaba al miedo la determinación de los gobernantes, creyéndose desamparado y falto de dirección caía en el libertinaje y el desenfreno, que naturalmente no habían de dar por resultado acciones heroicas, ni aun siquiera presentar una mediana resistencia a la ocupación de la ciudad por los franceses.

La capital de España durante más de un año iba a dejar de serlo entre la exaltación de los verdaderos patriotas, los cuales se resistían a rendirse sin agotar todos los medios de defensa que creían suficientes, y el temor, que bajo forma escandalosa trataban algunos de disimular; todo eran injurias contra la Central y a la sombra de un patriotismo, que en general no existía, tenían lugar los mayores excesos.

Llegó el día de la retirada de la Junta; los vocales salieron de Sevilla en la noche del 23 al 24 de Enero de 1810; los que hicieron su viaje por el río hasta Sanlúcar no sufrieron contratiempo alguno; no así los que fueron por tierra, que sufrieron en el viaje graves incidentes y sinsabores, que muy doloroso había de serles, cuando se disponían a continuar su obra de gobierno y reconstitución de la nacionalidad española a pesar de verse tratados de manera ignominiosa, sobre todo en Jerez, que según los historiadores, fueron perseguidos y amenazados por el populacho soliviantado y ya prevenido contra ellos. El Arzobispo de Laodicea, presidente; el vicepresidente, conde de Altamira; Antonio Cornel, ministro de Guerra; el marqués de Astorga y Félix Ovalle corrieron inminente peligro de perecer entre las fauces del populacho, capitaneado por su corregidor Merguelina, que no hizo nada por contener el tumulto, aunque sí aparento querer hacerlo.

Como principales organizadores de las revueltas, señalaba el Gobierno a Palafox y Montijo que se hallaban presos y lograron su libertad gracias al motín popular.

Al hacerse pública en Sevilla la noticia de la huida de la Junta Central estalló el tumulto con toda su fuerza, proclamando a la Junta Provincial de Sevilla, Junta Suprema de la Nación nombrándose como presidente a D. Francisco Saavedra; y otros llevando a Montijo contra su voluntad a ponerse al frente de una Junta Militar compuesta también por Palafox, Saavedra, Eguía y el Marqués de la Romana. Éstos constituyeron la Junta Militar, con amplios poderes en lo que a la guerra se refería, otorgados por la nueva Junta Suprema, ejerciendo el mando durante unos cuantos días. Así quedaron conciliados los gustos de todos.

El gobierno revolucionario intentó soliviantar a los sevillanos divulgando alegatos exagerados, lanzando los mayores insultos contra la Central y haciendo creer se hallaban dispuestos a dar la vida para defender la ciudad, como los nobles y valientes ciudadanos a quienes sus diatribas se dirigían. Lo cierto, sin embargo, es que al acercarse las huestes del rey José casi toda la Junta Sevillana, igual que hizo la Junta Central, desapareció saliendo por el puente de Triana, porque ya no ofrecía seguridad la carretera de Cádiz.

Mientras tanto, los franceses avanzaban sobre Sevilla y tropezaban en las inmediaciones de Écija con la caballería de Alburquerque que practicaba un reconocimiento. Este hábil e inteligente general convencido de la inmensa superioridad de fuerzas del enemigo y sabiendo que se dirigía por Morón hacia Utrera, ganándole la mano, para evitar que le cortara el camino de Cádiz, emprendió la retirada sobre Jerez protegido por su excelente caballería, a la que según el mismo Duque debió el buen éxito de la operación.

Dejémosle verificando su estratégica marcha hacia Cádiz y volvamos a Sevilla, donde en vista de las circunstancias del abandono en que había quedado la ciudad por parte de los mismos que quisieron regirla y gobernarla días antes, los que allí permanecían de la revolucionaria Junta, de tan corta y estéril vida, acordaron rendirse al Mariscal Víctor, para lo cual le enviaron parlamentarios la noche del 31.

Claro es que en tales condiciones no les quedó más recurso que aceptar las que el general francés quiso imponer: seguridad para la guarnición y habitantes; gracia para los actos contrarios al reinado de José hasta aquel día; no decretar contribución alguna fuera de lo legislado y otras concesiones que parece no se cumplieron. Acordado aceptarlas, aquella misma noche salían de Sevilla el resto de los vocales de la Junta y la corta guarnición dirigiéndose hacia el condado de Niebla, al par que nuestras fuerzas desalojaban Sanlúcar. Así de corta y efímera fue la vida de la nueva Junta Suprema de Sevilla.


 

Duque de Alburquerque. Aportado por AS DE GUIA.



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El día primero de Febrero de 1810, entraban en la ciudad del Betis las tropas del mariscal Víctor y bajo pretexto de las leyes de la guerra, se apoderaron no sólo de la artillería, municiones, pertrechos, vestuarios y equipos militares, sino también de gran cantidad de dinero procedente de América, tabaco, azogue, objetos de arte y de lujo, y otros efectos comerciales; un verdadero tesoro.

Seguidamente el rey José, cual otro emperador romano, de triunfo en triunfo, tomaba posesión de la capital en medio de las aclamaciones del pueblo; nada tiene de extraño, pues, que escribiera a su hermano anunciándole que Andalucía quedaba pacificada, enviando a Francia las águilas y banderas conquistadas por los españoles en Bailén, rescate obtenido cual fruto de su brillante marcha por el sur de España.

Pocos días después, el 27 de Enero, se instalaba la Junta Central en la Isla de León; pero también allí, como en Jerez y Sevilla, predominaba la intriga contra aquel gobierno, digno por lo menos de mayor consideración ya que frente a tales circunstancias no rehuía el cumplimiento de sus deberes. Y tanto era el desprestigio en que había caído, que a pesar de haber anunciado que entregaría el mando a un Consejo de Regencia que dirigiera los asuntos nacionales hasta tanto fueran convocadas las Cortes, los disturbios callejeros continuaron.

Estaba anunciada la instalación del Consejo de Regencia para el día 2 de febrero y también que lo compusieran: D. Pedro de Quevedo y Quintano, Obispo de Orense, presidente; D. Francisco de Saavedra, Consejero de Estado; Don Francisco Javier Castaños, General del Ejército y vencedor de Bailen; D. Antonio Escaño, General de Marina y Jefe de E. M. de la escuadra de Trafalgar y D. Esteban Fernández de León como representante de las provincias ultramarinas, pero por no ser natural de ellas fue luego este último sustituido por Don Miguel de Lardizábal y Uribe, natural de Nueva España.

No bastaba esto, sin embargo, para contener el alboroto e irritación contra la Central, pues en la noche del 30 de Enero se alzaron en motín los habitantes de la Isla de León, corriendo otra vez peligro la vida de los vocales. Gracias a la serenidad y prestigio del general Castaños no se lamentaron las desgracias que lleva consigo la irreflexiva justicia del pueblo amotinado, con razón o sin ella.

A consecuencia de esto se apresuró la instalación de la Regencia que empezó a funcionar el 31 del mismo mes, al par que la Junta Central publicaba un manifiesto explicando las causas de su disolución.

Acta de la Junta Suprema Central nombrando la Regencia.El Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y en su Real nombre la Junta Suprema Central gubernativa del Reino, se ha servido dirigirme el Real Decreto siguiente:
»Al reunirse la Junta Suprema Central gubernativa de España e Indias en la Real Isla de León según lo acordó en el Real Decreto de 13 del presente mes, el peligro del Estado se ha acrecentado excesivamente menos todavía por los progresos del enemigo que por las convulsiones que interiormente amenazan. La mudanza del Gobierno anunciada ya como necesaria, por la misma Junta Suprema, no puede dilatarse por más tiempo sin riesgo mortal de la Patria. Pero esta mudanza no puede ni debe ser hecha por un solo Cuerpo, un solo pueblo, un solo individuo. Sería en tal caso obra de la agitación y del tumulto lo que debe ser obra de la prudencia y de la ley, y una facción haría lo que sólo puede hacerse por la Nación entera o por el Cuerpo que legítimamente la representa. Estremecen las consecuencias terribles que nacerían de tal desorden, y no hay ciudadano prudente que no las vea, ni francés alguno que no las desee.
»Si la urgencia de los males que nos afligen, y la opinión pública que se regula por ellos, exigen el establecimiento de un Consejo de Regencia y lo piden para el momento, a nadie toca hacer esto, sino a la Autoridad Suprema establecida por la voluntad nacional, obedecida por ella, y reconocida por las provincias, por los Ejércitos, por los Aliados, por las Américas. Sola la autoridad que ella confíe, será la legítima, la verdadera, la que represente la unidad del poder de la Monarquía.
»Penetrada de estos sentimientos la Junta Suprema gubernativa de España e Indias, ha resuelto a nombre del Rey nuestro Señor Don Fernando VII, lo que sigue:
»Que se establezca un Consejo de Regencia compuesto de cinco personas, una de ellas por las Américas, nombradas todas fuera de los individuos que componen la Junta.
Que estas cinco personas sean el Reverendo Obispo de Orense Don Pedro de Quevedo y Quintano; el Consejero de Estado y Secretario de Estado y del Despacho Universal Don Francisco de Saavedra; el Capitán General de los Reales Exércitos Don Francisco Javier Castaños; el Consejero de Estado y Secretario del Despacho Universal de Marina Don Antonio de Escaño, y el Ministro del Consejo de España e Indias Don Esteban Fernández de León, por consideración a las Américas.
»Toda la autoridad y el poder que ejerce la Junta Suprema se transfiere a este Consejo de Regencia sin limitación alguna.
»Los individuos nombrados para él permanecerán en este Supremo encargo hasta la celebración de las próximas Cortes, las cuales determinarán la clase de Gobierno que ha de subsistir.
»A fin de que no se malogren las medidas tomadas para la prosperidad ulterior de la Nación, al tiempo de prestar en las manos de la Junta el debido juramento, jurarán también los Regentes verificar la celebración de las Cortes para el tiempo convenido, y si las circunstancias lo impidieren para cuando los enemigos hayan evacuado la mayor parte del Reino.
»El Consejo de Regencia se instalará el día 2 de Febrero próximo en la Isla de León.
»Tendréislo entendido y dispondréis cuanto convenga a su cumplimiento.—El Arzobispo de Laodicea, Presidente.—En la Real Isla de León a 29 de Enero de 1810. A Don Pedro Rivero.»
Cuyo Real Decreto comunico a V. de Real orden para su inteligencia, gobierno y demás efectos que convengan. Dios guarde a V. muchos años. Real Isla de León a 29 de Enero de 1810.—Pedro de Rivero.
señores vocales: Sermo. Sr. Presidente, Vice-Presidente, Valdés, Castañedo, Jovellanos, Valanza, Puebla, Calbo, Amatria, Ovalle, Garay, Caro, Gimonde, Bonifaz, Jocano, Quintanilla, Villel, Riquelme, Villar, Rivero, Ayamans, Sabasona, García de la Torre.
Este fue el último documento de la Junta Central Suprema.


 

Sevilla. Aportado por AS DE GUIA.



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Al decreto de constitución de la Regencia acompañaba otro con las instrucciones sobre el modo de convocar y celebrar las Cortes, la representación que en ellas habían de tener las provincias de América y Asia, la manera de cómo se habían de nombrar los diputados de aquellos dominios, así como los de las provincias de España ocupada por los enemigos; documento que con anterioridad había sido redactado por D. Gaspar Melchor de Jovellanos.

Quedó, pues, instalada la Regencia no el 2 de febrero, que era el día señalado por el decreto, sino el 31 de enero por las circunstancias expresadas. Se constituyó con sólo tres de los individuos que se hallaban presentes (faltaban el obispo de Orense y el consejero Saavedra, a quienes se envió inmediatamente a buscar), y fue en el momento reconocida su autoridad por todas las Corporaciones y Juntas, incluso el cuerpo diplomático. La Regencia tenía su sede en el convento de la Compañía de María en La Real Isla de León.

Era el obispo de Orense Quevedo y Quintano conocido por su carácter integro y constante; su reputación dimanaba de aquel valiente documento que escribió negándose a concurrir a las Cortes de Bayona, invitado por Napoleón para hacer rey a su hermano José. Pero pronto iba a verse que no era lo mismo manejar la pluma y regir un obispado que gobernar un reino.

Dignísimo era el consejero Saavedra, pero anciano y achacoso, circunstancias que minaban la energía que había de necesitar en tan arduo y espinoso puesto. Otras eran las condiciones de edad y de carácter del general Castaños, recientes y conocidos sus servicios militares; más hábil y astuto que hombre de estado, poseía cualidades que le hacían a propósito para influir en el manejo de los negocios públicos. Recomendaban a Escaño sus honrosos antecedentes, su carácter y su gloriosa carrera de marino. No se tenía tan buen concepto de los méritos de Lardizábal.

D. Francisco Saavedra no juró el cargo hasta el 1 de febrero, por hallarse en Sevilla. Ese mismo día se nombró presidente al general Castaños por un mes, y el 28 de febrero se le confirió por seis meses. Le sustituyó el obispo de Orense el 28 de mayo, cuando la Regencia se trasladó a Cádiz.

Valor, resolución y patriotismo necesitaban ciertamente estos hombres para empuñar en tales momentos el timón de la monarquía. Del estado en que ésta se hallaba hicieron después ellos mismos la reseña siguiente: «Instalose el Consejo de Regencia (decían) el día 31 de enero del año presente (1810), época en que el aspecto de las cosas públicas parecía enteramente desesperado. El poderoso ejército que había servido de antemural a las Andalucías, estaba destruido: los otros desalentados, débiles y muy lejanos para contener el torrente que arrollaba a la exánime monarquía: estas ricas provincias invadidas, y en su mayor parte ocupadas; las demás, ó dominadas por el enemigo, ó imposibilitadas de prestarse socorro, por la interrupción de sus comunicaciones; ningunos recursos presentes, ninguna confianza en el porvenir, la voz de que España estaba ya enteramente perdida, saliendo de la boca de los enemigos, y repetida por el desaliento de los débiles y por la malignidad de los perversos, se dilataba de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, y no cabiendo en los ámbitos de la Península, iba a pasar los mares, a invadir la América llenar la Europa, y a apurar en propios y extraños el interés y la esperanza. Los franceses se arrojaban impetuosamente a apoderarse de los dos puntos de la Isla y Cádiz; y Cádiz y la Isla sin guarnición ninguna, sin más defensa que un brazo de agua estrecho, un puente roto mal pertrechado de cañones y artilleros, una batería a medio hacer en el centro de la lengua que las separa, aguardaban con terror el momento en que los enemigos, aportillando tan débiles trincheras, profanasen con su ominoso yugo el honor de la ciudad de Alcides. (Exposición del consejo de Regencia a las Cortes.- Elogio del General Escaño, por el Académico de la Historia Francisco Cuadrado).»

Este era el aspecto de las cosas cuando el Consejo de Regencia tomó a su cargo el gobierno de la monarquía española.

Bien porque la precipitada formación de la Regencia no diera a ésta la autoridad necesaria, bien porque al arreciar el peligro se creyera preciso formar una corporación más prestigiosa y dinámica que mantuviera vivo el entusiasmo y secundase la obra de aquélla, lo cierto es que el pueblo de Cádiz disolvió la Junta de Defensa Provincial, que hasta entonces había funcionado, y por elección popular nombró una nueva compuesta de dieciocho individuos, tantos como barrios, de la que formaron parte todas las clases sociales, y que se tituló Junta Superior de Gobierno de Cádiz, nombrando al general Villegas presidente de ella.
La Junta gaditana se dejó influir por los clamores de la muchedumbre y por los enemigos más encarnizados de la Central, contribuyendo, en gran medida, no sólo a la pronta disolución de ésta, sino a la persecución que se levantó contra sus componentes.

Fueron los primeros en sufrirla el conde de Tilly y don Lorenzo Calvo de Rozas. Atribuían al primero proyectos revolucionarios en América, a donde pensaba trasladarse desde Gibraltar; se acusaba al segundo no haberse comportado con integridad en varias comisiones de intereses en que había intervenido. Ambos fueron arrestados y recluidos en un castillo formándoseles proceso. El de Tilly enfermó, y murió pocos meses después en el de Santa Catalina de Cádiz; Calvo de Rozas no recobró su libertad hasta que se reunieron las Cortes. Se comunicó a los demás centrales la orden para poderse trasladar a sus provincias, pero prohibiendo que se reunieran muchos en una, sometiéndolos a la vigilancia de los capitanes generales, y no permitiendo a ninguno pasar a América.

Más no paró en esto la saña y el encono contra los desgraciados miembros de la Central. Se ejerció contra ellos otro acto de tiranía y de humillación, que parece inconcebible de parte de quien acababa de recibir de manos de aquellos mismos el poder soberano. Entre las acusaciones que el vulgo hacía a los miembros de la extinguida Junta Central era una la de haberse enriquecido con los caudales públicos, y hubo quien difundió el rumor de que iban cargados de oro.


 

Gaspar Melchor de Jovellanos. Aportado por AS DE GUIA.



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Al día siguiente, el Diario de Cádiz se hizo eco de las sospechas populares, y aun añadió algunos comentarios indignos y ofensivos. Jovellanos y el Marqués de Campo-Sagrado, al enterarse de estas insinuaciones, enviaron este escrito al redactor del Diario de Cádiz, que era el periódico que había llevado su audacia a los confines de la impertinencia:

« Sr. Redactor: Entretanto que la falta de viento favorable nos detiene en esta bahía, los rumores que corren en esa ciudad contra los individuos que compusieron la pasada Junta Central llegan aquí para hacernos más penosa nuestra situación. Pudiéramos despreciar las imputaciones, o por vagas, pues que no determinan cargos ni señalan delincuentes, o por inverosímiles, porque son indignas de toda creencia o asenso racional; pero nuestra delicadeza no nos permite callar en medio de tantas y tan indiscretas hablillas.....; y si entre los ruines calumniadores o detractores alucinados de la Junta Central hay alguno que se atreva a censurar la conducta pública de los dos individuos que hemos venido a por representación del Principado de Asturias, desde luego le desafiamos y provocamos por medio de este escrito a que declare los cargos que pretendiere hacernos...

Tenga, pues, la bondad de insertar esta carta por suplemento a su Diario, y seguro de nuestro reconocimiento, sírvase de mandarnos como a sus más atentos servidores q. b. a. m.
Bahía de Cádiz, a bordo de la fragata Cornelia 20 de Febrero de 1810.- Gaspar de Jovellanos.- El Marqués de Campo-Sagrado. »

El editor del periódico, Sr. Barón de Bruere, contestó:
«Excmtos. Sres.: No pudiendo publicar en mi periódico ninguna noticia sin la aprobación de la Junta Superior de Gobierno de esta plaza, pasé el escrito que me fue entregado de parte V. EE. a dicha Junta, cuya contestación copio:
La Junta Superior de Gobierno ha visto el oficio de usted fecha 21 del corriente, y escrito que le era adjunto, cuya publicación en el Diario no estima conveniente, por ahora, la misma Junta, pues el reino tiene sus Tribunales, donde deben provocarse instancias de esta, naturaleza.
Dios guarde a V. muchos años. Cádiz 21 de Febrero de 1810. Fernando Ximénez de Alba.—Miguel Lobo, Vocales.—Señor editor del Diario del Cádiz, »
Lo pongo en noticia de V. EE. para su inteligencia y gobierno, deseando se me proporcionen ocasiones en que manifestar a V. EE. mis respetos, y de que me empleen en cosas que sólo de mí dependan.
Dios guarde a V. EE. muchos años. Cádiz 25 de Febrero de 1810.—El Barón de Bruere, Vizconde de Brie, editor.»

La Junta de Cádiz, acogiendo los rumores, solicitó de la Regencia, y ésta tuvo la debilidad de acceder, a que se regis